De nada sirven los grandes discursos y los informes si no hay leyes que implementen en los Estados aquello que se ha acordado en los organismos internacionales. Esto sucede con la lucha contra la desigualdad. Desde Obama hasta el Papa Francisco han asegurado que combatirla es uno de los retos más importantes del siglo XXI. Pero cuando se trata de aprobar medidas concretas, las intenciones quedan descafeinadas. Porque una cosa es decir que todo el mundo merece un salario mínimo digno y otra obligar a las empresas a pagarlo.

Créditos: Oxfam Intermon / El País. Alejandra Agudo / Mariano Zafra, Madrid 30 octubre 2014.