Michael Bauman

Legislar la moralidad, en otras palabras, no es una opción; es una necesidad, es inevitable. Justicia, equidad, imparcialidad –características que todo ciudadano bien pensante desea para su gobierno, y en referencia a las cuales considera que deben basarse el gobierno y la legislación–, todas son categorías morales. Proscribimos la esclavitud, los hurtos, el homicidio, el fraude, el perjurio, la violación, etc., precisamente porque son inmorales y deseamos su cese o al menos su radical reducción. Proponemos, aprobamos y aplicamos estas leyes de base moral específicamente con este objetivo, y hacemos bien en ello.

Permítaseme argumentarlo de manera más explícita: en lo concerniente a la prohibición del acoso sexual o de la discriminación sexual en el mercado de trabajo, el feminismo no presenta la objeción de que la legislación propuesta intenta santificar la moralidad en el código civil o penal, a pesar de que esto mismo en efecto es lo que por ello se realiza. Ninguna persona feminista seria ha procurado nunca la enmienda o la oposición de una disposición legislativa como esta so pretexto de que estuviera basada en un sistema moral. El feminismo sólo presenta objeciones a la legislación de lo moral cuando se trata de la ilegalización del aborto. Rechazan que se legisle la moralidad sólo si la moralidad en cuestión es objeto de su discrepancia. Cuando la ley en cuestión codifica una moralidad que es objeto de su apoyo, desaparece su objeción a las leyes impulsadas por valores morales.

De manera similar, si un líder del movimiento de los derechos civiles da su apoyo a leyes de acción afirmativa y se opone a las leyes segregacionistas del Sur estadounidense denominadas de Jim Crow, tanto el ejercicio que hace tal líder de su apoyo y de su oposición tiene su base en el juicio moral de que todas las personas son creadas iguales y que, por lo tanto, han de recibir un trato equitativo por parte de la ley. Lo que tal líder del movimiento de los derechos civiles no puede hacer a continuación es dirigirse a cualquier otra persona, por ejemplo a quienes son del movimiento pro-vida, y recriminarles que están imponiendo su moralidad a otros, dado que lo que los activistas del movimiento pro-vida están realizando es exactamente lo mismo que está haciendo el activista de los derechos civiles, y partiendo precisamente de una misma base, a saber, la defensa de la dignidad y el valor de todo ser humano. Igual que el líder que aboga por los derechos civiles, los que abogan por la causa pro-vida están afirmando la obligación de que una nación justa asegure que todas las personas disfruten de una protección equitativa bajo la ley.

Algunas veces, las resistencias que algunos manifiestan a la legislación de la moralidad no se deben a su objeción a la moralidad que se está legislando, sino a su valoración de la libertad y a su deseo de defenderla. No obstante, parecen no comprender que sus propuestas, supuestamente libres de moralidad, significarán la muerte de la libertad que valoran, y no su protección. Sin la función orientadora y constriñente de una ley moralmente formulada, la libertad degenera en un mero libertinaje, lo cual no es lo mismo que la libertad política. Cuando se destierra la moralidad del ámbito de la plaza pública, se genera la cultura de la anomía, no de la libertad. Vivir fuera de la ley moral, vivir prescindiendo de la sabiduría de los siglos y de la sabiduría de Dios, nos hace cortejar la esclavitud y la muerte. Siendo como es la naturaleza humana, sin un volumen abundante de legislación susceptible de aplicación coactiva, la libertad política verá acortados sus días y finalmente su existencia será imposible. Verdaderamente, sin un volumen abundante de legislación susceptible de aplicación coactiva, el caos –y no la libertad– es lo que surge como resultado. La libertad política auténtica, si debe ser fiel a sí misma y evitar los excesos del libertinaje, debe ser ejercida de acuerdo con los dictámenes de la verdad y de la virtud, y nunca de manera inversa. La libertad debe ser limitada por las exigencias de la justicia, de la moralidad. La pregunta más importante a la hora de sopesar cualquier acción no es: “¿es una acción libre?”, sino: “¿es una acción buena?”.

No nos confundamos, legislar la moralidad no sólo es ineludible, sino que también es algo que funciona. La prueba de que las leyes producen cambios en la conducta es de conocimiento muy general y se encuentra no lejos de nosotros: prácticamente ningún individuo en el sur estadounidense argumentará hoy que la esclavitud es moral, incluso a pesar del hecho de que muchos de sus abuelos y tatarabuelos pensaron que sí lo era y, como resultado, tuvieron en propiedad a otros seres humanos. Lo que hoy se sitúa entre los ciudadanos contemporáneos del sur estadounidense y sus ascendientes es una legislación de base moral, específicamente la Enmienda Decimotercera y las leyes de derechos civiles de los años 60 y posteriores, todas las cuales contribuyeron de manera radical a la modificación de la conducta y convicciones de aquellos criados en los años subsiguientes. De manera similar, con anterioridad a la Prohibition Law, el consumo medio anual de alcohol en los EE.UU. se aproximaba a los 11 litros por persona. Después de la Prohibition, esta cantidad descendió al equivalente de poco menos de los 4 litros. De hecho, el consumo de alcohol en EE.UU. no volvió a alcanzar los niveles anteriores a la Prohibition sino hasta después de casi cuarenta años. De manera similar, antes de que el Tribunal Supremo de los EE.UU. legalizase el aborto en 1973, se practicaban unos 100.000 abortos al año. Después de la sentencia del caso Roe vs. Wade, sin embargo, esta cantidad pasó a estar entre los 1,2 y los 1,5 millones al año. Dicho brevemente, ya sean buenas o malas las leyes en cuestión, la ley tiene un efecto. La moralidad de la ley, cualquiera que sea, tiende a convertirse en la moralidad de la gente. La ley siempre hace las veces de preceptor moral y de forjador del carácter de una colectividad estatal, tanto para bien como para mal.